CUADERNO Núm. 39.- “INMIGRACIÓN Y EMPLEO: UN NUEVO RETO EN TIEMPOS DE CRISIS"
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En el año 2000, las autoridades políticas eran conscientes del notable cambio que había experimentando la sociedad española como consecuencia de, entre otros factores, la llegada de un cada vez mayor número de inmigrantes. Durante el periodo comprendido entre 1971 y 1980, en España había alrededor de 156.000 inmigrantes. Durante la siguiente década este número apenas se incrementó, pues sólo se llegó a 185.000. Fue en el periodo comprendido entre 1991 y el año 2000 cuando se incrementó exponencialmente hasta 1.171.000. De esta forma, durante el periodo comprendido entre 1966 y el 2000, la inmigración neta representó el 3,21% de la población total.
Lo que en un momento era anecdótico o incluso exótico -la integración de personas de distintos países o culturas en la sociedad de acogida-, unas décadas después se convirtió en un asunto de Estado. Las dos poblaciones, la autóctona y la extranjera, experimentaron evoluciones distintas. Las interacciones, los problemas de integración, de convivencia
o su impacto en el mercado de trabajo empezaron a tener peso, no sólo en la sociedad civil, sino en los medios de comunicación, en las agendas de los políticos y en la de partidos y sindicatos, así como en los propios organismos y administraciones del Estado. Las leyes que hasta ese momento se habían estado aplicando fueron insuficientes y fue evidente que se necesitaban otras normas para las nuevas circunstancias.
Europa vivía una situación similar. La eliminación de ciertas fronteras internas en la Unión Europea y otros países asociados, en lo que se conoce como el espacio de Schengen, provocaba que lo que pasara a través de los puntos de entrada en la Unión repercutiera en toda ella. Así, las políticas sobre inmigración de los estados miembros tenían una transcendencia que hasta ese momento no habían tenido. Las autoridades europeas empezaron a emitir una serie de directivas que pretendían coordinar las políticas de los estados, además de crear un marco normativo básico y común que debería incorporarse a sus legislaciones.
Lo que en un momento era anecdótico o incluso exótico -la integración de personas de distintos países o culturas en la sociedad de acogida-, unas décadas después se convirtió en un asunto de Estado. Las dos poblaciones, la autóctona y la extranjera, experimentaron evoluciones distintas. Las interacciones, los problemas de integración, de convivencia
o su impacto en el mercado de trabajo empezaron a tener peso, no sólo en la sociedad civil, sino en los medios de comunicación, en las agendas de los políticos y en la de partidos y sindicatos, así como en los propios organismos y administraciones del Estado. Las leyes que hasta ese momento se habían estado aplicando fueron insuficientes y fue evidente que se necesitaban otras normas para las nuevas circunstancias.
Europa vivía una situación similar. La eliminación de ciertas fronteras internas en la Unión Europea y otros países asociados, en lo que se conoce como el espacio de Schengen, provocaba que lo que pasara a través de los puntos de entrada en la Unión repercutiera en toda ella. Así, las políticas sobre inmigración de los estados miembros tenían una transcendencia que hasta ese momento no habían tenido. Las autoridades europeas empezaron a emitir una serie de directivas que pretendían coordinar las políticas de los estados, además de crear un marco normativo básico y común que debería incorporarse a sus legislaciones.
